Artículo de Germán Rodas Chaves para Diario El Comercio
La lucha política se expresa en doble vía: por un lado desde la senda de aquellos que sustentan el poder y, por otra parte, desde la orilla de quienes confrontan al estatus quo. En esta asimetría, unos y otros, con la intención de obtener el predominio de sus perspectivas, pueden evadir las representaciones institucionales. Cuando aquello ocurre, la pugna posee el riesgo de transitar por el atajo impropio de exterminar a los adversarios para imponer los arquetipos estructurales que patrocinan.
Aquello precisamente fue lo que ocurrió el 2 de Agosto de 1810, casi un año después del 10 de agosto de 1809, fecha esta última en la que se pretendió que la Presidencia de Quito obtuviera plena autonomía respecto de los virreinatos de Lima y de Santa Fe de Bogotá.
Para tal efecto, quienes impulsaron esta emancipación designaron como presidente de la Junta Suprema a Juan Pío Montúfar -el marqués de Selva Alegre-, quien desplazó al presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel de Urriez -el conde Ruiz de Castilla-, conforme la determinación de los mentores y actores de un movimiento que buscó precautelar sus intereses respecto de Francia, que había invadido, por entonces, a la metrópoli española.
En efecto, los sucesos ocurridos en agosto de 1809 en Quito, no solamente que intentaron desplazar al poder formal sino que evidenciaron los objetivos económicos distintos a los que se habían definido como imprescindibles en Lima o en Santa Fe de Bogotá.
La causa de 1809, por lo afirmado, respondió a la perspectiva de poner las bases de un espacio propio que respondiera a las aspiraciones de los núcleos fundamentales de Quito; por estas razones es pertinente afirmar que los implicados del 10 de Agosto de 1809 atizaron la tea independentista. La intención de los alzados del 10 de Agosto de 1809 se constituyó -a causa del argumento referido- en una imperfección para los objetivos de los virreinatos. Por ello desde Lima se respondió con el envío de tropas para poner orden en la colonia. La soldadesca llegó a Quito al mando del teniente coronel Manuel Arredondo, quien sometió fácilmente a los insurrectos. Juan Pío Montúfar dimitió a sus funciones y Ruiz de Castilla volvió a asumir el mando el 29 de octubre de 1809.
Si bien Arredondo -al servicio del virrey Abascal- señaló que no reprimiría a los conjurados de agosto, prontamente este ofrecimiento se diluyó, tanto así que el 4 de diciembre de 1809 la mayoría de los protagonistas de la revuelta fueron detenidos.
El compromiso de no agraviar a los compactados de la jornada de 1809 no se cumplió, además, porque al poder colonial le era indispensable sancionar a los conspiradores y advertir, de esa manera, las consecuencias a las que se exponían, en el resto de las colonias americanas, quienes pretendieran intentar el camino de la rebelión frente a las autoridades.
A más de los elementos sustanciales referidos, otro de los hechos que precipitó los acontecimientos del 2 de Agosto de 1810 estuvo relacionado con la designación del hijo del marqués de Selva Alegre, Carlos Montúfar, como el comisionado de la Metrópoli para pacificar la situación que se había provocado en Quito; Montúfar, para cumplir tal encargo, salió desde España en marzo de 1810.
Su postura frente a los eventos en Quito estuvo distante de la represión y la persecución. Aquello debió incomodar a los defensores del colonialismo, al punto que dificultaron el traslado de Montúfar a tierras americanas. El comisionado arribó a Quito en septiembre, días después del asesinato de 1810.
El asesinato político perpetrado el 2 de Agosto de 1810 se produjo bajo el subterfugio de impedir la liberación de los presos, puesto que en ese día un grupo de quiteños atacó los cuarteles con la finalidad de lograr la libertad de los detenidos a causa de su participación en la jornada de 1809.
Muy pocos lograron evadir la prisión. La mayoría de ellos fueron exterminados en sus celdas. Luego la tropa -en un acto de represión masivo- salió a las calles y desató el homicidio colectivo que dejó un saldo trágico en la ciudad.
Los independentistas Quiroga, Salinas, Morales, Larrea, Ascázubi, Riofrío fueron, entre otros, las víctimas del asesinato político selectivo de aquel 2 de Agosto de 1810, mientras la muerte de alrededor de 250 quiteños -asesinato político de masas- pretendió constituirse, como ya lo he reiterado, en un componente que obstruyera el proceso emancipador.
En el entorno de todas estas situaciones, el Obispo de la ciudad propició un acuerdo, el 4 de agosto, para dejar sin efecto la prisión de quienes habían sobrevivido y de los ciudadanos involucrados en los acontecimientos del 2 de Agosto de 1810, así como para exigir la salida inmediata de las tropas limeñas y que Carlos Montúfar fuese reconocido como autoridad local.
Si bien de esta manera se generó una fórmula de solución a la situación dramática de aquellos días, no es menos verdad que los actores más lúcidos de 1809 fueron asesinados. Su muerte, empero, fue la semilla que germinó en la causa libertaria de las décadas inmediatas.
El 2 de Agosto de 1810 es una fecha recordatoria que nos conmueve. Un crimen político que para redimir a sus víctimas nos convoca al cumplimiento de las tareas inconclusas a favor de la Patria.
* Escritor e historiador. Miembro de la Academia Nacional de Historia.
